TITULARES PRENSA CORRESPONDIENTES AL VIERNES 14 DE SETIEMBRE DE 2012.

CURSOS PARA JUECES.

 

El Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) iniciará el próximo 28 de setiembre los cursos en materia de Derechos Humanos para magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal, en atención del mandato legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Gelman vs. Uruguay”.

El fallo de la Corte IDH ordenó al Estado implementar “un programa permanente de Derechos Humanos”, dirigido a la capacitación de jueces y fiscales en materia de investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas y de sustracción de niños y niñas.

(…) Los cursos serán dictados por el Ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique, el constitucionalista Martín Risso Ferrand, la Fiscal de Adolescentes (y directora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Udelar) Mariana Malet, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Alvaro Garcé, y (“que hablará sobre los derechos de las personas privadas de libertad”) y los abogados José Pedro Montero, Daniel Ochs, Marcelo Cousillas y Santiago Pereira.

La República, pág 8, 14.09.12.

CASO SIMÓN: ESTADO CULPABLE.

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno revirtió un polémico fallo judicial y condenó al Estado uruguayo a una indemnización económica por su responsabilidad en el secuestro de Simón Riquelo, el hijo que en 1976 le sacaron de sus brazos a Sara Méndez, quien sin ayuda oficial lo buscó durante 26 años hasta encontrarlo.

Integrado por los Ministros Luis María Simón (redactor), María Esther Gradín y Beatriz Florentino, el Tribunal de Apelaciones, por la sentencia 124/2012, definió por unanimidad el 29 de agosto último que debía corregirse el fallo de la jueza Loreley Pera, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, que había rechazado la demanda.

Caras y Caretas, págs. 12 y 13, 14.09.12.

REFORMA DEL PROCESO PENAL REQUERIRÁ DUPLICAR EL ACTUAL NÚMERO DE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES.

La reforma del Código de Proceso Penal demandará por lo menos duplicar el número de jueces, fiscales y defensores que actualmente trabajan en la materia, lo que requerirá una importante erogación al Estado, aún sin contar con el gasto que supone el personal de apoyo para estos técnicos y la reparación y adecuación de locales necesarios para desarrollar un servicio aceptable.

Para el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak, sería necesario establecer un período de “vacación legal” de tres años para que la reforma penal entre en vigencia y en ese ínterin se procederá a la creación de los cargos, la capacitación y el concurso del personal designado, al tiempo que paralelamente se deberá atender la parte edilicia con la adecuación de locales donde funcionarán las nuevas sedes.

Crónicas, pág. 6 y 7, 14.09.12.

AL FILO DE “HOMICIDIO INTENCIONAL”.

Fiscal Rivas apela fallo por el caso del Alférez ahogado.

El magistrado se opone al fallo del Juez de Pando, Carlos Núñez, que procesó sin prisión a los tres oficiales del Ejército, involucrados en la muerte del soldado Carlos Olivera mientras era sometido a un entrenamiento de resistencia bajo el agua. El Fiscal de Gobierno Daniel Borrelli opinó que el alumno fue “ultimado”.

 

Brecha, pág. 7, 14.09.12.

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