TITULARES DEL VIERNES 19 DE ABRIL DE 2013

DOS PLATOS

Corte Interamericana ordena a la SCJ revertir su posición en derechos humanos.

En una nueva resolución que descarga más de cien párrafos de cuestionamientos contra el máximo órgano judicial uruguayo, el tribunal internacional señala que las investigaciones por casos de terrorismo de Estado deben proseguirse por el tiempo que sea necesario, sin plazos de prescripción, y que debe emplearse la figura de desaparición forzada. Considera “inadmisible” anteponer el derecho interno y la Constitución para dejar de cumplir una sentencia con carácter de “cosa juzgada internacional” sobre crímenes de lesa humanidad. Uruguay tiene tiempo hasta el 20 de julio para informar del cumplimiento de este nuevo fallo.

Brecha, p.2.

UN JUEZ DE LENTES OSCUROS

El hombre de la “muralla” y la dictadura.

“Egresado de la Facultad de Derecho el 15 de octubre de 1975, Jorge Ruibal Pino, tardó menos de dos años en obtener un puesto como fiscal letrado del departamento de Rivera, el 21 de setiembre de 1977, en plena dictadura militar.

Menos de un año después, el 29 de agosto de 1978 lo ascendieron a la Fiscalía Letrada Departamental de Carmelo.

Eran tiempos en que solían aparecer cadáveres en las costas colonienes: cuerpos de detenidos desaparecidos arrojados al mar desde aviones militares. A tres semanas de haber desempacado en su nueva oficina, llegó el aviso: el seño Emilio Diez caminaba a las ocho de la mañana por la costa del Parador Punta Gorda, en Nueva Palmira, donde las aguas del río Uruguay se juntan con las del Río de la Plata, cuando encontró un cuerpo tendido en la arena, boca abajo. (…) “Con datos como éstos una Fiscalía tiene el deber de promover una investigación, sobre todo cuando se habían encontrado ya siete cadáveres en circunstancias similares entre octubre de 1975 y setiembre de 1976. Pero Ruibal Pino no movió un dedo, ni renunció a su cargo al ver que la justicia archivaba el caso sin más trámite” (…) “Hoy, a dos años de retirarse por razones de edad, ocupa el cargo de presidente de un supremo tribunal que, según sus propias palabras, se eleva como una “muralla”-de la que también hizo partícipes a los ministros Jorge Chediak, Julio César Chalar y Jorge Larrieux-ante quienes pretendan investigar y encarcelar a los criminales de lesa humanidad”.

Brecha, p.3.

RECLAMAN A SCJ “CUMPLIMIENTO” DEL CASO GELMAN

Institución defiende imprescriptibilidad de delitos de la dictadura.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo exhortó ayer al Poder Judicial a “dar cumplimiento integral” a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado uruguayo en el caso Gelman.

El País, p.12.

LA SUPREMA CORTE NUEVAMENTE AMONESTADA

Editorial.

La CIDH menciona a texto expreso la prescripción y la irretroactividad de la ley penal como algunos de los obstáculos que no deben obstruir el proceso investigativo. Pues bien, la SCJ se ha pronunciado exactamente a la inversa de lo estipulado en la sentencia de la CIDH.

La República, p.14.

LA MURALLA PUEDE CAER

El 41% opina que la SCJ se guió por “intereses ajenos”.

Los fiscales recusan a la mayoría de los miembros de la Suprema Corte por prejuzgar. Sólo un tercio de la ciudadanía cree en la independencia judicial. La muralla que anunciaba Ruibal Pino puede desmoronarse. Incluso en el caso del general Pedro Barneix, homicida de Aldo Perrini. Los ministros serían sustituidos por jueces de los tribunales de apelaciones. Los jueces pueden seguir actuando sobre causas de derechos humanos si deciden aplicar las convenciones internacionales.

Caras y Caretas, p.14.

DISPUESTOS A TODO

Magistrados.

La disyuntiva sobre la continuidad o no de los procesos penales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura aún permanecen. La “muralla” levantada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) supone un escollo, pero algunos magistrados están dispuestos a intentar saltarla. Otros jueces marcaron posición y promovieron el archivo de varias causas.

Caras y Caretas, p.15.

“MAL PROCEDER” POLICIAL AL CITAR IMPLICADOS EN PROTESTA EN SCJ

Métodos. La Policía convocó a dos fotorreporteros por teléfono y en la calle.

El Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía citó a ocho personas a declarar por su participación en los disturbios en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 15 de febrero de este año, cuando la jueza Mariana Mota juró para el traslado de la órbita penal a la civil. Al menos dos de esas citaciones se realizaron sin respetar normas, reconoció una fuente ministerial.

El Observador, p.9.

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