TITULARES DE PRENSA DEL MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2012

 

CORTE NO PELEARÁ JUICIO DEL SINDICATO

Eso desactiva un posible conflicto con funcionarios.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió ayer que no presentará un recurso de casación contra el fallo de segunda instancia por el que un grupo de casi 3.000 funcionarios le ganó al Poder Judicial un juicio  por unos $100 millones (unos US$ 5 millones) que pagará  Rentas Generales y no afectarán el presupuesto de la Corporación.

Los funcionarios reclaman el pago del “enganche” salarial establecido en la ley de presupuesto del gobierno de Tabaré  Vázquez y que solamente algunos magistrados cobraron durante algunos meses.

El ministro de la SCJ, Jorge Chediak, dijo a El País que la decisión de no presentar la casación se tomó porque “hubo consenso en que no había mérito para ir a esa instancia en forma exitosa”. Los informes jurídicos elaborados sobre el tema señalaron que la sentencia a favor de los funcionarios está muy bien fundada.

El secretario general de AFJU, Raúl Vázquez, valoró positivamente la decisión de la SCJ. Ahora se iniciarán los procedimientos legales para ejecutar la sentencia.

El País, p.9.

 

 

DE LOS SANTOS SE QUEJA DE LA JUSTICIA

Pedirá a la Corte que intervenga por ocupaciones.

El intendente Óscar de los Santos (Frente Amplio) aseguró que la justicia penal de Maldonado transforma a los funcionarios municipales denunciantes en indagados en los casos de ocupación ilegal de terrenos, y adelantó que pedirá la intervención de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

“La Justicia de Maldonado convierte a los funcionarios denunciantes en indagados”, dijo De los Santos a la emisora FM Gente al finalizar una conferencia de San Carlos, Gregorio Quintana.

El País, p.7.

 

 

ABOGADOS DE RIVERA DECLARARON ANTE EL JUEZ POR INDUSTRIA DEL JUICIO

Estafa. Los abogados Nibia Ramos y Robert Batista declararon como indagados ayer lunes ante el juez de Rivera, Marcos Seijas, por la denuncia que presentaron 13 trabajadores forestales que los acusan de estafa. Según los denunciantes, los abogados los engañaron y se quedaron con más del 50% del dinero que ganaron en juicios contra empresas forestales.

El País, p.12.

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