Titulares de prensa del martes 10 de setiembre de 2013

IELSUR Y SERPAJ ALERTAN “AUMENTO” EN LA VIOLENCIA EN ACCIONAR POLICIAL

Crítica. Esa situación “limita” y “anula” las garantías, dicen organizaciones.

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) alertaron un “aumento de la gradación de la violencia estatal en procedimientos policiales que “limita” y “anula” las garantías constitucionales.

El País, p.10.

BONOMI: “NO ERAN INFILTRADOS SINO OBSERVADORES”

Seguridad. El Ministro del Interior justificó operativo preventivo en movilizaciones.

Los operativos policiales se efectuaron en las marchas del 14 y del 24 de agosto pasado.

“No eran infiltrados sino observadores” aseguró el ministro del Interior Eduardo Bonomi en la sesión del gabinete de ayer, informando sobre la presencia de policías en manifestaciones callejeras donde se tenían indicios de presencia de agentes violentos portando elementos contundente que irían a utilizar contra bienes públicos.

La República, p.6.

 noticia10-de-abril

VÍCTIMAS RECLAMAN US$ 1,2: AL INAU

Enfrenta juicios por delitos de menores fugados.

El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), órgano dependiente del INAU que desde abril de 2012 gestiona los hogares de internación de menores infractores de la Colonia Berro y Montevideo, enfrenta tres demandas por casi US$1:200.000 por ilícitos cometidos por jóvenes fugados entre 2009 y 2010.

El País, p.11.

OTRA DENUNCIA POR HORAS 222 AVANZA LENTO EN LA JUSTICIA

Crimen Organizado. Se presentó en febrero de 2012 y no hay novedades.

El Observador, p.4.

LA INDEPENDENCIA DE LOS FISCALES

Editorial.

“La independencia técnica de los fiscales, una de las bases de nuestro sistema judicial, podría estar en riesgo si se aprueba un proyecto de ley a estudio del Parlamento. La iniciativa que pretende extraer a la Fiscalía de Corte de la órbita del ministerio de Educación y Cultura para convertirla en un servicio descentralizado, halla resistencias entre los fiscales y calificados juristas que consideran inconveniente, innecesaria y hasta inconstitucional el cambio propuesto”.(…)

El País, p.17.

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