Declaración de la Asociación de Magistrados del Uruguay

La asociación de magistrados del uruguay los ha convocado a esta conferencia de prensa, en virtud las recientes expresiones del sr. Fiscal general de la nación, dr. Jorge diaz, en su comparecencia ante la comisión de constitución y legislación de la cámara de senadores, ocasión en que aludió expresamente al funcionamiento del poder judicial.
En este sentido, esta asociación, en más de una oportunidad, ha optado por no responder los embates e injerencias de parte de diferentes centros de poder, relativos a la actuación de este poder del estado al que orgullosamente pertenecemos.
No obstante, en esta oportunidad, resolvimos contestar a la desafortunadas expresiones del fiscal de corte, titular de un servicio descentralizado, tutelado por el poder ejecutivo, ante una comisión parlamentaria.
Algunas de las expresiones son verdades “a medias”, que no hacen más que inducir en error a la opinión pública que puede desconocer como opera el poder judicial.
La puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal penal, por el que públicamente ha apostado el dr. Díaz, no justifica una actitud avasallante. No puede desconocerse que la suprema corte de justicia, silenciosa y no mediáticamente, sin presupuesto asignado, está trabajando en su implementación.
Para una reforma procesal eficaz se necesita, además de una ley, una fuerte inversión económica, como ha ocurrido en los países de la región.
Esta reforma no puede ni debe afectar el funcionamiento de todo el poder judicial en el cual se resuelven conflictos en otras materias, alguna de ellas no menos sensibles, pero cada una de fundamental importancia para el involucrado.
Queremos aclarar que durante todos los días del año, en materia penal, adolescentes, familia especializada y otras que la urgencia lo requiera, los jueces trabajamos junto a fiscales, defensores, actuarios, técnicos y funcionarios para cumplir con nuestra tarea, respetando los plazos constitucionales y legales. Es más, en la materia penal, que parece ser la única que le preocupa al fiscal general, no existen días no laborables. Se trabaja los 365 días del año, circunstancia que no debería desconocer un ex juez.
La puesta en funcionamiento de horario doble no es una novedad. Desde hace varios años, la suprema corte de justicia lo implmentó para los juzgados de familia especializada y los juzgados de conciliación. En materia penal, se trabaja hasta que la instrucción lo requiera.
La función de los jueces de todas las materias no se agota en ir al despacho, asistir a las audiencias y decretar los expedientes. El estudio y dictado de las sentencias se realiza fuera de aquel, generalmente en nuestros hogares, situación que la población ignora pero que todos los operadores jurídicos conocen.
Por otra parte, la referencia que hace el sr. Fiscal al instituto técnico forense, compuesto por médicos, psiquiátras, asistentes sociales, psicólogos, contadores, peritos calígrafos, etc., está enfocada pura y exclusivamente a la aplicación del nuevo código del proceso penal, cuando este organismo, dependiente del poder judicial, actúa también asistiendo a los juzgados de las restantes materias, tan importantes como la penal.
Todos y cada unos de los habitantes de la república tienen derecho a opinar sobre cómo se desempeña cualquier organismo público, porque es a la ciudadanía a quienes debemos rendirle cuentas, pero las apreciaciones deben hacerse dentro del marco de la buena fe y con responsabilidad.
Los jueces de la república estamos abiertos a discutir y analizar cualquier propuesta en la que se aprecie nuestra visión, concordante o discordante. Sin embargo, no vamos a tolerar que se menoscabe el buen nombre y desmpeño del poder judicial, porque los magistrados somos su soporte y porque el sistema judicial uruguayo tiene la fortuna de poder preciarse como uno de los más independientes y honestos de américa, gozando del respeto de la comunidad jurídica internacional.

Montevideo, 30 de mayo de 2016.

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