Comunicado Público De AMU – 07.04.22

Ante la presentación en el Parlamento del proyecto de ley de Cabildo Abierto denominado “Delito de prevaricato cometido por funcionarios”, la Asociación de Magistrados del Uruguay manifiesta su preocupación por entender que la iniciativa amenaza con criminalizar el trabajo cotidiano de jueces y fiscales. A su vez, se considera necesario informar a la opinión pública sobre algunas normas que regulan el ejercicio de la función judicial.

Los jueces y juezas de Uruguay ya se encuentran sometidos a responsabilidad por los actos que realizan en el desempeño de su función. El art. 23 de la Constitución de la República hace responsable a los magistrados de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder establecido legalmente. Por su parte, la ley 15.750 en sus art. 109 a 116 regula la responsabilidad administrativa, civil y penal de los jueces. Asimismo, como funcionarios públicos, les son aplicables los delitos contra la administración pública previstos en el Libro II, Título IV del Código Penal. Por último, cualquier decisión que sea considerada injusta por una parte sometida a proceso, puede ser atacada a través de los medios de impugnación legalmente previstos.

La Asociación de Magistrados del Uruguay seguirá de cerca el trámite parlamentario del proyecto de ley mencionado, en tanto podría significar un nuevo intento de incidir en decisiones judiciales y una afectación de la fundamental separación de poderes. En ese sentido, la Asociación de Magistrados del Uruguay nuevamente rechaza cualquier propuesta que implique limitar la independencia e imparcialidad de los jueces y juezas, que constituyen una garantía para el ejercicio de la función y para el Estado de Derecho.

Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay

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