Titulares de prensa del jueves 12 de abril de 2012

CAMBIARÁN LOS DOS JUECES DE CRIMEN ORGANIZADO

Díaz será fiscal de Corte mientras Gatti pasará a un tribunal.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberá designar en las próximas semanas a los nuevos jueces especializados en crimen organizado, ya que los magistrados que estaban al frente de esas sedes desde su creación en 2009, pasarán a desempeñarse en otros cargos.

La SCJ envió esta semana al Parlamento el pedido de venia para ascender a la magistrada Graciela Gatti al cargo de ministra de Tribunal de Apelaciones, según informó a El País, el ministro de la Corporación, Jorge Larrieux.

Ante ello, la SCJ abrió un llamado a jueces interesados en ocupar las sedes especializadas en  crimen organizado. Los magistrados que quieran postularse  podrán hacerlo hasta el próximo 20 de abril, según resolvió la Corporación.

El País, p.10.

 

FISCALES INSISTEN EN REFORMAR EL CPP

AMFU. Solicitarán entrevista a Díaz apenas asuma como Fiscal de Corte.

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) solicitará una entrevista al futuro fiscal de Corte, Jorge Díaz, para plantear la “necesaria” reforma del Código del Proceso Penal (CPP) y la salida del Ministerio Público en la órbita del Poder Ejecutivo.

La República, p.8.

 

PIDEN INFORMES A JUEZA POR LIBERACIÓN DE AUTOR DE INCENDIO

SCJ. Ordenan rehabilitar al adolescentes.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó ayer a la jueza letrada de Salto, Ivón Olivera, que informe acerca del trámite que derivó en el cese de las medidas de privación de libertad contra un adolescente.

La República, p.4.

 

LA JUEZA MOTA, QUE CRITICÓ LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO, LE PIDIÓ UNA REUNIÓN AL PRESIDENTE JOSÉ MUJICA

La Suprema Corte resolvió estudiar los argumentos de la magistrada para decidir si habrá una sanción.

Búsqueda, páginas 5 y 50.

 

OFICIALISMO Y OPOSICIÓN CON NEGOCIACIÓN “TRANCADA” POR CANDIDATURA DE LA FISCAL MIRTHA GUIANZE PARA EL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS

Búsqueda, p.6.

CASO DE COLONIA ENFRENTA A LA POLICÍA CON EL CUERPO MÉDICO

Muertes de pacientes.

Dudas. Defienden a la médica indagada y aseguran que no hay pruebas.

Mientras en el cuerpo médico crece la idea de que en el caso de la médica de Colonia no hay pruebas para inculparla de homicidio ni de mala praxis, los investigadores de la Policía que trabajaron en el caso insisten en que hay elementos que confirman  las muertes a causa del accionar profesional.

Desde el punto de vista de la indagatoria judicial, hasta que la Junta Médica no estudia las historias clínicas y se expida, no habrá pronunciamiento de la jueza Beatriz Larrieu.

El Observador, p.7.

 

ENFERMERO PROCESADO POR VENDER MEDICAMENTOS PARA PROVOCAR ABORTOS

Más de un año. La dirigía desde una oficina del Pereira Rossell.

Un enfermero del Hospital Pereira Rossell fue procesado anoche sin prisión al comprobarse que vendía a pacientes pastillas para abortar. A su vez cobraba dinero para acelerar trámites.

La República, p.14.

 

 

POLICÍA FICHÓ A 700 MENORES INFRACTORES

Registro. Jueces de Adolescentes no usan sistema digitalizado por no funcionar “a pleno”.

Unos 700 menores infractores de todo el país fueron fichados por la Policía Técnica en los ocho meses de vigencia de la ley que creó el registro de antecedentes de adolescentes. La Corte reconoce que dicho registro todavía no funciona a pleno.

TRIBUNAL CONSIDERA QUE JUEZA DE SALTO ACTUÓ EN FORMA INCORRECTA

Jueza suspendió procesó y menor quedó en libertad.

El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno consideró que la jueza de Salto, Ivón Olivera Kamaid, actuó en forma incorrecta al suspender el juicio a un joven de 16 años acusado de incendiario y doble homicida que quedó libre.

Tras suspender el juicio, la magistrada envió el expediente del caso al Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno.

El País, p.6.

 

MENOR LIBERADO EN SALTO DEBERÁ IR AL LICEO Y ESTUDIAR CARPINTERÍA

Fallo. Un juez de Familia dispuso medidas alternativas a la prisión para el adolescente; la Corte pidió informe a la jueza y al tribunal para determinar responsabilidades.

Mientras la Justicia de Salto debió liberar a un menor al cumplirse los 90 días de internación provisoria sin dictar la sentencia sobre el caso, en Montevideo una sede de Familia Especializada resolvió aplicarle al adolescente medidas socioeducativas.

El sábado quedó en libertad el menor acusado de haber incendiado el 7 de enero una precaria vivienda del barrio Horacio Quiroga de Salto, lo que provocó la muerte de una joven de 25 años y sus bebé de tres meses. La jueza de feria, Anabela Gatto de Sousa, le imputó “incendio agravado por el resultado de muerte de dos personas” Y le impuso la medida cautelar de internación provisoria, que no puede durar más de 90 días, según el Código de la Niñez y la Adolescencia. El 23 de febrero, la abogada de oficio del menor, Matilde Ubici, apeló el fallo. La jueza titular de la causa, Ivón Olivera, envió el expediente al Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, donde se encuentra hasta la fecha. El tribunal sacó copia del expediente y devolvió el original a la sede judicial de Salto.

La jueza se olvidó del expediente, hasta que poco antes de cumplirse los 90 días de internación, el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI) advirtió sobre la culminación del plazo de internación.

El Observador, p.8.