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Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General

En el dia de ayer concurrieron a la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General Alberto Reyes y Gloria Seguessa por una petición presentada por varias organizaciones en relación al proceso parlamentario para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia (Distribuidos Nº 5/2015 y Anexo I). En virtud de ello se redactó un proyecto de reglamento para la elección de candidatos para la designación de miembros de la SCJ y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

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Proyecto de reglamento para designación de Ministros de SCJ y TCA

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Jueces, fiscales y académicos tienen posiciones contrapuestas sobre cómo debe aplicarse un aspecto “clave” del nuevo proceso penal

La postergación hasta noviembre de la entrada en vigencia del nuevo proceso penal —prevista originalmente para julio— dio un respiro a los operadores del sistema de Justicia, que venían trabajando a contrarreloj en los preparativos de la reforma. Sin embargo, el tiempo extra que se obtuvo sigue pareciendo poco debido a las incertidumbres que todavía persisten en torno a varios aspectos del nuevo sistema. Es que el texto original del Código del Proceso Penal (CPP) sufrió modificaciones en el Parlamento, y aún siguen a estudio más cambios solicitados por la Fiscalía y el Poder Judicial, por lo que el resultado final todavía es una incógnita.

Y para enredar un poco más las cosas, en los últimos meses se intensificó un debate entre académicos, abogados, jueces y fiscales sobre un asunto considerado “central” en el nuevo sistema penal y sobre el cual ni siquiera hay consenso entre la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte. El tema que divide las aguas es si el juez, para disponer la prisión preventiva de un sospechoso durante la audiencia previa al inicio del juicio, puede basarse solo en los argumentos del fiscal o debe exigirle que presente las pruebas que tiene en su contra.

De un lado dicen que enviar a prisión a un sospechoso solo porque el fiscal lo pide y sin que el juez analice la evidencia es un “disparate”. Plantean que sería “retroceder” hacia un sistema penal aun menos garantista que el actual y que, además, violaría la Constitución. Del otro lado sostienen que producir la prueba en la etapa previa al inicio del proceso sería condicionar al juez sobre la culpabilidad del sospechoso. Además, llevaría a que esas audiencias —llamadas de “formalización”— se transformen en una suerte de minijuicio en los que se definirá la suerte de los sospechosos, algo similar a lo que ocurre en el sistema actual en la etapa conocida como presumario.

“Una locura”.

La reforma del proceso penal tiene como objetivo que el Estado juzgue los delitos de una forma más transparente y respetuosa con los derechos humanos. Los juicios pasarán a ser orales y públicos y la investigación quedará en manos del fiscal. Al no involucrarse en las indagatorias, los jueces se mantendrán como terceros imparciales para evaluar los argumentos de la Fiscalía y la Defensa. La prisión preventiva dejará de ser la regla y se aplicará solo cuando se demuestre, por ejemplo, que el indagado es peligroso, que hay riesgo de que se fugue o de que destruya evidencias.

En ese esquema, cuando el fiscal considere que tiene pruebas suficientes sobre la culpabilidad de una persona, irá ante el juez y le pedirá iniciar un juicio formal en su contra. Además, si piensa que hay motivos, pedirá que el sospechoso esté en prisión durante el juicio.

Es en esa etapa donde surgen las discrepancias.

La redacción original del código decía que el juez podía decretar la prisión preventiva si había “elementos de convicción suficientes” que demostraran que la persona podía fugarse, adulterar pruebas, etc. (artículo 224). No decía nada sobre la evidencia del delito en sí. Pero a partir de un planteo del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad de la República (Udelar), el Parlamento incorporó la exigencia de que exista “semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado”. Ese añadido buscaba dejar sentado de forma explícita la necesidad de que el fiscal pruebe los indicios en contra del sospechoso para que el juez lo envíe a prisión. Pero no todos lo interpretaron así.

“En el Instituto de Derecho Procesal y en general en los ámbitos académicos es muy fuerte la convicción de que sería insostenible pretender que se pudiera disponer la prisión preventiva de una persona nada más porque el fiscal dice que tiene las pruebas, que no va a mostrar al juez”, dijo a Búsqueda el director del instituto y exdecano de la Facultad de Derecho, Alejandro Abal Oliú. “Disponer la prisión preventiva nada más que porque alguien lo pide sería una locura”, agregó. “Es inadmisible y contrario a la Constitución y al sentido común”.

El artículo 15 de la Constitución dice que “nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él”.

“Comprendo que es muy complicado que se diligencie prueba en la audiencia de formalización, incluso es inconveniente que se adelante prueba que se debería realizar después en el juicio, y trastocaría bastante el sistema”, prosiguió. “Pero para la cultura jurídica occidental es inimaginable que pueda disponerse una medida cautelar contra el demandado sin demostrar al juez la seriedad de lo que se está pidiendo”.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo a Búsqueda que a su juicio es “positivo el diligenciamiento de prueba en la audiencia de formalización, por tratarse obviamente de una garantía inherente al debido proceso legal”. De lo contrario, prosiguió, “se estaría decidiendo sobre la privación de la libertad ambulatoria de una persona presuntamente autora de un ilícito penal, con garantías inferiores a las que contamos hoy en la etapa presumarial”. Chediak dijo que esa es también la posición de la comisión del Poder Judicial que trabaja en la implementación del CPP.

“Decir que vamos a un sistema de más garantías y decir que se dispondrá la prisión preventiva sin pruebas parece un disparate”, dijo el abogado Gabriel Valentín, profesor de Derecho Procesal en la Facultad estatal y en la Universidad Católica. “Sería un gran retroceso, tendríamos una situación peor que la actual”.

“Es lo que dice el texto expresamente: debe haber ‘semiplena prueba’ de la existencia del delito. Pueden debatir lo que quieran, pero la ley es así y no hay dos posibles interpretaciones”, opinó por su parte el fiscal penal y vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Gustavo Zubía.

El abogado y docente grado 5 de Derecho Penal, Gonzalo Fernández, coincidió en que es “disparatado” que se disponga una medida cautelar sin prueba, pero a su juicio el fiscal no tiene que probar el delito en sí, sino el porqué de la prisión preventiva —si hay indicios de que el sospechoso huirá porque compró un pasaje para viajar al exterior, por ejemplo—. “No es anticipar la prueba del juicio a la etapa de formalización, lo que hay que probar son las razones de la medida cautelar que se pide”, opinó.

La abogada y exfiscal Beatriz Scapusio tiene una interpretación similar: “Es imposible que en la primera audiencia se diligencie la prueba de cargo. Hay que diligenciar solo la prueba de la prisión preventiva”. Porque si no, “el juez se endulza con la prueba de cargo que él diligenció” y quedará condicionado sobre la culpabilidad del sospechoso. “Es lo que pasa hoy: no he visto una sola absolución después de que el juez procesó con prisión”, afirmó.

“Preocupante”.

“La prueba debe diligenciarse en el juicio, con la posibilidad de ser controvertida por la Defensa, y no antes”, afirmó el fiscal de Corte, Jorge Díaz. “La posición pretendidamente más garantista en realidad es menos garantista. Lo que estás haciendo es continuar con la misma práctica de hoy: la prueba ya queda diligenciada, y después la vas a repetir en el juicio, en una especie de simulacro, y vaciás de contenido el juicio oral”, planteó.

El fiscal Carlos Negro y la jueza Beatriz Larrieu —ambos especializados en Crimen Organizado— advirtieron en un artículo publicado en la Revista de Derecho Penal Nº 24 de la Fundación de Cultura Universitaria, que la producción de prueba en etapas previas al juicio “llevaría inexorablemente a la ‘contaminación’ (del juez), en desmedro de las más elementales garantías del imputado”.

“¿Qué se entiende por semiplena prueba? Están los que entienden que eso significa producir parte de la prueba del hecho en la audiencia, y estamos quienes entendemos que acreditar el hecho no significa diligenciar prueba, sino argumentar que se cuenta con evidencia suficiente para llevar a juicio a una persona y que hay alta probabilidad de sentencia de condena”, explicó Negro a Búsqueda.

“Yo reacciono contra los que dicen que es más garantista —prosiguió—, es la negación de las garantías porque es hacer un minijuicio para definir la responsabilidad de una persona. Para hacer eso no hagamos nada y nos quedamos como está hoy”.

Dos especialistas del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) —un organismo internacional que apoya a los países de la región en procesos de reformas judiciales y que está brindando capacitación a los operadores uruguayos— abordaron el tema semanas atrás durante un taller con jueces y fiscales. Según plantearon, en los países de la región que pasaron por reformas similares, las pruebas se producen durante el juicio y no antes. “Los sistemas acusatorios por definición trabajan en las audiencias previas el concepto de oralidad argumentativa, o sea que lo que se exige es que el Ministerio Público, y las otras partes, argumenten sus pretensiones dando cuenta de la información de respaldo que tienen —testigos, pericias—”, pero no que presenten la evidencia en ese momento, dijo Leonel González.

De lo contrario, agregó Marco Fandiño, “desvirtuamos la lógica de la presunción de inocencia y lo que tenemos es una pena anticipada”.

El ministro de Apelaciones en lo penal y presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, dijo que su posición sobre el tema “fue cambiando”, y que hoy se para del lado de los que rechazan la producción de prueba en la audiencia previa. “El nuevo sistema parte de la base de que la prisión preventiva funciona distinto. El cambio cultural pasa por entender eso. La opción es: seguimos con un sistema donde la prisión preventiva funciona como adelanto de pena, y por eso se requiere prueba diligenciada en sede judicial, o cambiamos totalmente el eje y la prisión preventiva es una medida de naturaleza cautelar, donde el juez no valora la prueba”.

Reyes dijo que entre sus colegas jueces no hay consenso sobre el punto, y que la asociación organizará en las próximas semanas una charla con expertos para debatirlo. “Es un tema que no está saldado. Que se haya planteado este problema tan cerca de la entrada en vigencia de la reforma es preocupante”.

El presidente de la Asociación de Magistrados dice que aumento de penas contradice al nuevo Código de Proceso Penal

Alberto Reyes apuntó con que no hay problema con aumentar las penas, pero no tendrá efecto que el delito pase a ser inexcarcelable.

 

Se aumenta la pena por narcotráfico para que sea inexcarcelable. Lo mismo ocurrió en la Rendición de Cuentas con la defraudación tributaria y el abigeato. Sin embargo, todo eso no tendrá sentido más adelante porque para el nuevo Código del Proceso Penal no hay delitos con prisión preventiva como regla.

Sobre esta situación se explicó el presidente de la Asociación de Magistrados Alberto Reyes:

“Pienso que no tiene sentido inaugurar un nuevo sistema del proceso penal sobre la base de que la prisión preventiva nunca podrá ser la regla. Me parece que la interpretación se vuelca a la norma del nuevo código, porque en definitiva es lo que está planteado como sistema. Lo otro son cuestiones de coyuntura”.

Reyes apuntó con que no hay problema con aumentar las penas, pero no tendrá efecto que el delito pase a ser inexcarcelable.