La nueva Justicia Penal del Uruguay: 
la tarea recién comienza

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Nº1943 – 09 al 15 de Noviembre de 2017
por Jaime Arellano*

El pasado 1° de noviembre se inició la vigencia del nuevo sistema de justicia penal del Uruguay. Así, el país se incorpora al concierto de las naciones de América Latina que desde los años 90 han evolucionado hacia modelos acusatorios y adversariales, que se desarrollan con base en la oralidad y se estructuran en audiencias.

Uruguay ha dado un gran paso al implementar su nuevo sistema de justicia penal. Pero la tarea recién comienza. Hay un sistema implementado, pero la verdadera instalación, que materialice la promesa de este pilar del estado democrático de derecho, requiere aún de un largo esfuerzo, decisión, liderazgo y claridad de principios y objetivos.

Desde el Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA) constatamos que la tardanza con que Uruguay ingresó a la ola reformista (solo resta Brasil), tiene una gran ventaja que debe ser aprovechada. Uruguay puede y debe aprender de las buenas prácticas y de las lecciones que dejan los errores de los demás países que han precedido este esfuerzo. CEJA tiene por misión y política investigar, analizar, capacitar y compartir estos conocimientos entre los países de las Américas. Lo hemos hecho en el Uruguay y lo continuaremos haciendo.

En lo inmediato se requiere continuar con los esfuerzos de capacitación a jueces, fiscales, defensores, policías, peritos, y personal de soporte de las instituciones. Es un error pensar que la voluntad de cambio ya se materializó y es inamovible. Las lógicas del viejo sistema, remplazadas en las normas, perviven sin embargo, en la mentalidad y las prácticas de trabajo de los operadores del sistema de justicia, si no son sustituidas por lógicas y prácticas que materialicen el nuevo paradigma. Ese cambio profundo se logra con práctica, reflexión, corrección y más práctica.
Los operadores han estado desarrollando una notable labor los primeros días de funcionamiento del sistema. Pero muy probablemente, a medida que avancen las semanas y meses, la carga de trabajo crezca gradualmente y la complejidad de los casos se incremente. Resulta indispensable mantener para adelante la calidad, equilibrio e igualdad de armas entre las partes del litigo y antes en la etapa de investigación. Así se asegura que surjan las mejores y más prontas soluciones para víctimas, victimarios y la sociedad en su conjunto. En nuestra opinión, las autoridades debieran tener una estrategia de adelantarse y cubrir lo más pronto posible las necesidades financieras y humanas que se prospecten para el futuro próximo.

Finalmente, la coordinación interinstitucional que se dio entre los actores del sistema y con el Ejecutivo para implementar el sistema, debe mantenerse y profundizarse en esta prolongada etapa de instalación que recién se inicia. Desde CEJA sabemos por experiencia que un grave peligro para el éxito y verdadera instalación de esta transformación histórica, es el reemplazo de la inicial fuerza integradora de los actores, por una fuerza centrífuga que los separe. El sistema de justicia penal uruguayo es una política de Estado, aprobada por amplio consenso político e implementada con el concurso de todos los actores. Los éxitos son de todos, los errores también. Las eventuales carencias presupuestarias u operativas de un actor del sistema, deben ser asumidas como un desafío colectivo. Porque la debilidad de unos, disminuye la respuesta de todo el sistema, al desequilibrarlo. Y las decisiones de un actor, necesariamente impactan en el trabajo de los demás.

Desde la experiencia comparada que puede compartir CEJA, este es el tiempo de dar seguimiento estricto al funcionamiento del sistema, analizarlo y tomar decisiones sistémicas, en colectivo, con base en datos duros y no a percepciones. Se debe tener presente los objetivos y principios inspiradores del nuevo sistema de justicia, para evaluar escenarios y adoptar decisiones. Tener una mirada finalista, y de mediano y largo plazo, debe imponerse por sobre la mirada corta y el resultado inmediato y populista. La promesa democrática de un sistema de justicia penal que sostenga al Estado de derecho, demanda que los operadores y colegisladores conduzcan y lideren su instalación, y no la entreguen a los pulgares irreflexivos de las redes sociales.

CEJA tuvo el privilegio de contribuir al último esfuerzo legislativo uruguayo por definir de mejor manera un modelo procesal penal, que revelaba sus diversas fuentes e inspiraciones, con grados de confusión de instituciones, incentivos perversos y peligrosos vacíos. No estuvimos en el diseño original y, sin embargo, buena parte de las propuestas de nuestro equipo del staff y consultores fue incorporada a la versión del código que rige desde el 1° de noviembre. Agradecemos esa apertura a las observaciones y propuestas de CEJA.

La nueva Justicia penal uruguaya acaba de debutar, así es que se le debe dar espacio para que se asiente. No hay que apurarse a introducir cambios que afecten los fines del sistema, ni menos plantear innecesarias modificaciones legislativas. Es muy probable que los ajustes más relevantes que requiera el sistema en el corto y mediano plazo, tengan más que ver con prácticas de trabajo, con modelos de gestión, con estrategias y recursos materiales. Todo ello requiere análisis, diálogo, acuerdos y actuar colectivo.

Felicitaciones por todo lo avanzado, fuerza y coordinación para lo mucho que resta.
(*) El autor es director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo internacional con sede en Santiago de Chile, integrado por los países de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su misión es apoyar a los Estados de la región en sus procesos de reforma de la Justicia.

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